El Gobierno de Bolivia aseguró este martes que el consumo de diésel en el mercado interno cayó cerca de un 50% tras el retiro de la subvención a los combustibles, vigente desde hace dos semanas. Para las autoridades, este descenso es una señal clara de que se logró frenar el contrabando de carburantes, uno de los principales objetivos del Decreto Supremo 5503.
El ministro de Hidrocarburos y Energías, Mauricio Medinaceli, afirmó que “el mercado ya está actuando” luego de la aplicación de la norma, en declaraciones ofrecidas en la ciudad de Santa Cruz junto al presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), Yussef Akly.
“¿Qué es lo que ha pasado a partir de la aprobación de este decreto? El consumo de diésel, sobre todo, ha caído en más o menos un 50% y estimamos que se estabilice entre un 30 y 40%”, sostuvo Medinaceli, quien atribuyó esta reducción a que se eliminó “el negocio de los contrabandistas”.
Según el ministro, antes de la eliminación de la subvención existía un “nivel de corrupción completamente institucionalizado”, con un esquema ilegal que generaba entre 2 y 3 millones de dólares diarios mediante el desvío de combustibles vendidos a precios subvencionados en el país.
Medinaceli añadió que el “ahorro” que se está generando es significativo, ya que Bolivia ya no requiere tantos dólares para importar diésel, lo que —dijo— contribuye a reducir la presión sobre el tipo de cambio.
Objetivos del decreto
La autoridad defendió que el Decreto 5503 busca asegurar el abastecimiento, evitar las largas colas en las estaciones de servicio, preservar la estabilidad y ordenar el consumo de carburantes. Explicó además que la norma restablece un sistema de precios con márgenes y referencias, similar al aplicado entre 1997 y 2000, pero ajustado a la realidad del mercado internacional y la economía boliviana actual.
Medinaceli recordó que la decisión de mantener congelados los precios del diésel y la gasolina se adoptó en 2004, en un contexto de crisis política, y que durante varios años fue sostenible gracias a los altos ingresos por la exportación de gas natural. Sin embargo, a partir de 2015, la caída de los precios y de las ventas externas de gas, sumada al crecimiento acelerado de las importaciones de diésel, volvió insostenible el esquema de subsidios.
El decreto, emitido el 17 de diciembre, fijó nuevos precios: 6,96 bolivianos por litro de gasolina especial, 11 bolivianos para la gasolina premium y 9,80 bolivianos para el diésel, entre otros ajustes. Esto implica incrementos del 86% en la gasolina y del 162% en el diésel respecto a los precios subvencionados vigentes por más de dos décadas.
Medidas complementarias y rechazo social
La decisión fue acompañada por otras medidas económicas, como el incremento del salario mínimo de 2.750 a 3.300 bolivianos, el aumento de los bonos para estudiantes del sistema público y de la renta para adultos mayores sin aportes a la seguridad social.
Pese a ello, el decreto enfrenta la resistencia de la Central Obrera Boliviana (COB), que desde el 22 de diciembre realiza marchas en La Paz para exigir al Gobierno del presidente Rodrigo Paz la abrogación de la norma. El Ejecutivo ya intentó dialogar sin éxito la semana pasada y reiteró este martes la convocatoria a una reunión para este miércoles.
Antes de la aprobación del decreto, las filas de vehículos en las gasolineras eran casi una constante desde 2024, una imagen que el Gobierno asegura haber empezado a revertir con el nuevo esquema.