El ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, expresó este jueves su preocupación por las modificaciones introducidas en el Senado al proyecto de ley que suspende temporalmente los embargos, procesos judiciales y el pago de créditos de vivienda social y productivos. Según la autoridad, los cambios alteran el espíritu del texto original enviado por el Ejecutivo y aprobado inicialmente en la Cámara de Diputados.
“Nos hemos enterado de que se ha sancionado una ley en el Senado para ser remitida al Órgano Ejecutivo para su promulgación. Sin embargo, el proyecto aprobado ha tenido cambios que consideramos modificaciones estructurales al texto original, no simples enmiendas”, señaló Montenegro durante una conferencia de prensa en el Ministerio de Economía.
El ministro explicó que, en el proyecto original, la medida alcanzaba a más de 1,4 millones de beneficiarios, mientras que la versión aprobada por el Senado reduciría ese número a alrededor de 44.000 personas, al limitar la aplicación solo a prestatarios en mora. “No es lo mismo hablar de diferimiento que de periodo de gracia —advirtió—, porque en el periodo de gracia los intereses se siguen pagando, mientras que en el diferimiento no”.
Montenegro subrayó que el cambio de enfoque “desvirtúa el objetivo” del proyecto, cuyo propósito era ofrecer un alivio temporal a familias y pequeños emprendedores con dificultades para cumplir con sus pagos debido al actual contexto económico. “Esta modificación reduce el universo de beneficiarios posibles y altera las condiciones del alivio financiero que planteó el Ejecutivo”, sostuvo.
Por ese motivo, el ministro afirmó que el proyecto debería volver a la Cámara de Diputados, que es la de origen, antes de ser remitido al presidente Luis Arce para su promulgación. “Si el Senado introduce cambios sustanciales, debe devolver el texto a la Cámara de Origen para su reconsideración. Mientras eso no ocurra, no debería enviarse al Ejecutivo”, remarcó.
Durante la conferencia, Montenegro también respondió preguntas sobre la coyuntura económica y la reciente contracción del PIB reportada por el INE. Atribuyó la desaceleración a los conflictos políticos y al “bloqueo económico” en la Asamblea Legislativa. “Cada vez que los elementos políticos se han introducido en la economía, se ha generado una desaceleración. No es responsabilidad del Gobierno, sino del sabotaje político que ha frenado recursos y proyectos”, aseguró.
El ministro añadió que los recursos para el Tribunal Supremo Electoral y la importación de combustibles están garantizados, descartando que el Gobierno esté ocultando carburantes. “No hay ninguna acción de ocultamiento —dijo—. El ministro de Hidrocarburos ha invitado al candidato Paz a visitar los almacenes de YPFB para verificarlo”.
Con respecto a una denuncia presentada en su contra por un comité de control social de El Alto, Montenegro se limitó a señalar que se defenderá “en el marco de la ley” y que todas las operaciones del Banco Central y la Gestora de Pensiones “cuentan con justificación y respaldo normativo”.
El debate sobre la Ley 547 —que busca aliviar a prestatarios de vivienda social y pequeñas unidades productivas— continúa abierto, mientras el Ejecutivo analiza los pasos a seguir antes de que la norma sea promulgada o devuelta al Legislativo.