El presidente del Directorio de la Fábrica Nacional de Cemento S.A. (Fancesa), Néstor Guido Calvo, salió al paso del anuncio hecho por la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce), que interpuso una Acción de Amparo Constitucional contra el fallo de una sala del Tribunal Supremo de Justicia, que la obliga a pagar Bs 744 millones a favor de la cementera chuquisaqueña.
La suma es el resultado de un largo proceso judicial, de más de 10 años, que interpuso Fancesa contra Soboce, debido a que esta última contrajo un préstamo de Bs 35 millones, cuando controlaba la mayoría de las acciones de Fancesa. En ese entonces, Soboce puso como garantía sus acciones en Fancesa y los recursos -a decir de Calvo- fueron para ampliar la planta de Soboce, generando una competencia desleal en el mercado del cemento.
“Ahora sucede que Soboce recurre a una instancia constitucional, primero en la ciudad de Santa Cruz, pero es retirado y van a la ciudad de La Paz y se genera una serie de dudas e incertidumbre con relación a la presentación del amparo y, finalmente la admisión del amparo constitucional”, indicó el presidente de Fancesa en contacto con EL DEBER.
En un comunicado difundido el lunes, Soboce consideró que, sobre la base de un proceso judicial “en el que se han cometido innumerables atropellos”, se pretende condenarla a pagar Bs 744 millones a favor de Fancesa.
Calvo recordó que la participación de Soboce en Fancesa ha sido irregular, desde la compra de acciones en el año 2000 “por debajo de lo que valían”, hasta la admisión del amparo en una sala del Tribunal Constitucional.
Cabe señalar que Soboce dejó de ser accionista de Fancesa luego que un decreto del entonces presidente de Evo Morales, en 2010, “nacionalizara” la cementera y entregó las acciones a la entonces Prefectura de Chuquisaca. Actualmente la propiedad la comparte con la Universidad San Francisco Xavier y la Alcaldía de Sucre.
El actual presidente de Fancesa explicó que el juicio contra Soboce fue ganado en tres instancias en las que Soboce apeló, hasta llegar al Auto Supremo de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, en de 2025.
“Al ser un Auto Supremo de última instancia, se supone que en la vía ordinaria Soboce ha perdido y Francesa ha ganado (…) Los vocales del Tribunal Constitucional de La Paz (sic) le dan medidas cautelares a favor de Soboce, que significa que Fancesa no puede exigir la ejecución de sentencia, entre algunas de las cosas”, lamentó Calvo.
“Esa situación -agregó- nos ha generado mucha susceptibilidad y muchas dudas y, en ese sentido las copropietarias de Fancesa, al igual que el Directorio, lo único que exigimos es que la sala del Tribunal Constitucional de la ciudad de La Paz obre en consecuencia. No estamos pidiendo algún tipo de beneficio que no corresponda, solamente que se dé justicia y razón a dos sentencias que ratifican que ha existido un daño económico de Soboce cuando era parte de la administración de Fancesa”.
Al mismo tiempo, advirtió que el tema se ha convertido de dominio regional en el departamento de Chuquisaca, porque Fancesa se ha estancado y Soboce ha crecido en el mercado nacional. En ese sentido, anunció que se agotarán todas las vías legales.
“El hecho de que un Tribunal Constitucional admita esto o, peor aún, permita que se revise una sentencia, significa injerencia del Tribunal Constitucional o de los vocales constitucionales en la Ciudad de la Paz en un auto supremo, que vuelvo a reiterar, se supone es la última instancia de justicia en nuestro país”, concluyó.
Cabe señalar que en 2014 el grupo peruano Gloria compró el 51,35% de acciones en Soboce, que a su vez la adquirió de la cementera Chihuahua, empresa que determinó dejar Bolivia por inseguridad jurídica.