Con movilizaciones masivas en varias ciudades del país, los trabajadores fabriles protagonizaron una serie de protestas, exigiendo una oportuna atención de sus demandas; apuntan al Gobierno nacional y al sistema judicial.
Desde los sectores movilizados afirman que unos 10.000 empleados fueron desvinculados de sus fuentes de trabajo en los dos años anteriores, debido a la pandemia y al contrabando.
Indicaron que el contrabando pone en peligro otras 125.000 fuentes de empleo, según precisó el ejecutivo departamental de Santa Cruz, Juan Carlos Torrico. En este sentido, critican al Gobierno por la tibieza en las acciones para proteger la industria nacional y, por consiguiente, las fuentes de empleos. Los manifestantes demandan nuevas políticas para dar freno a esta vieja enfermedad que azota a la economía nacional. Es responsabilidad del Gobierno frenar el contrabando, tenemos que trabajar en conjunto con empresarios y trabajadores para que se modifique la ley y se declare delito el contrabando, remarcó Torrico en medio de arengas y petardos. Además, piden la reincorporación de trabajadores despedidos de empresas, asunto que ha sido llevado a los estrados judiciales, pero que las autoridades no dan cumplimiento pese a las victorias conseguidas para que los afectados vuelvan a trabajar. Los fabriles critican a la justicia por la falta de celeridad en la resolución de procesos. En Santa Cruz, una masiva marcha llegó hasta el Palacio de Justicia como medida de protesta. Las movilización también se replicaron en Cochabamba, donde varias personas afiliadas a los trabajadores emprendieron una marcha desde la avenida Blanco Galindo hasta el centro de la ciudad. Demandan mejoras en el servicio de salud, toda vez que el número de afiliados creció considerablemente en los últimos años, pero no así el personal médico y de enfermería de los centros médicos de asistencia social, según el reporte de Opinión. Estamos protestando en defensa de nuestra Caja, porque es de los trabajadores. Queremos la creación de contratos acorde al crecimiento de los asegurados, manifestó uno de los marchistas. Mientras que en el departamento paceño, la Confederación de Trabajadores Fabriles de Bolivia se declaró en estado de emergencia y anunciaron que marcharán en todo el país para reclamar por el incumplimiento de fallos judiciales sobre la reincorporación laboral de trabajadores despedidos durante la pandemia. “Hoy en día los trabajadores fabriles sufrimos por la vulneración de derechos. Tenemos varias sentencias constitucionales de reincorporación y hasta el día de hoy los empleadores no cumplen, por eso vamos a salir a las calles”, manifestó el secretario ejecutivo del sector, Mario Segundo. El representante fabril apuntó que el Ministerio de Trabajo y el de Justicia no asumen sus responsabilidades para dar soluciones a los trabajadores que están en las calles, es el caso de los obreros de diferentes empresas privadas, según la reseña de Página Siete.