En una declaración polémica, Franklin Flores, gerente general de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), acusó a la industria privada de incurrir en un “sabotaje” al proceso de distribución de aceite comestible en Bolivia. Sin embargo, la afirmación careció de respaldo documental o pruebas concretas que sustenten la gravedad de la denuncia.
“Existe bastante sabotaje de la industria a la distribución normal del aceite a las diferentes zonas”, afirmó Flores, en una intervención pública que coincidió con el aumento de los controles estatales sobre el mercado del aceite. Según el ejecutivo, el Gobierno ha adoptado medidas para garantizar que el producto llegue a los sectores más vulnerables y alejados del país.
Aunque la normativa boliviana establece la prioridad del abastecimiento interno antes de la exportación de alimentos procesados, Flores sugirió que las empresas privadas estarían incumpliendo este principio legal. “Si ellos distribuyeran con normalidad no habría problema”, sostuvo.
El gerente destacó que, a diferencia de hace tres meses, Emapa ya no depende de las industrias privadas para abastecer el mercado. “Antes de la planta industrial de aceite de San Julián, dependíamos de ellos. Ahora ya no”, subrayó. Según sus cifras, la estatal estaría colocando un millón de litros de aceite al mercado nacional como producción propia.
En ese contexto, la entidad pública intensifica la distribución directa a regiones marginales, como Charazani o Apolo, donde —según Flores— los precios del aceite podrían llegar a triplicarse respecto al valor de referencia en las ciudades. “Si aquí especulan hasta 20 bolivianos, imagínense cuánto está en esos municipios”, alertó.
La denuncia, sin embargo, plantea más preguntas que respuestas. No se mencionaron nombres de empresas ni casos específicos que permitan identificar responsables o verificar los hechos. Tampoco se explicaron los mecanismos de control implementados ni los criterios con los que se define el “sabotaje”.