La Corporación Minera de Bolivia (Comibol) y diversas entidades del Estado suscribieron un acuerdo interinstitucional para intensificar la lucha contra el “jukeo” —la sustracción ilegal de minerales— en el distrito minero de Huanuni, uno de los centros estañíferos más importantes del país.
El acuerdo fue alcanzado tras una reunión de coordinación que involucró a la Gerencia Regional Oruro de Comibol, la Empresa Minera Huanuni, el Comando Departamental de la Policía de Oruro, la Segunda División del Ejército y la Fiscalía Departamental de Oruro.
El encuentro tiene el objetivo de articular acciones preventivas, disuasivas, de control y de persecución penal frente a este delito que afecta directamente la producción minera estatal y genera millonarias pérdidas económicas.
El “jukeo” es una práctica persistente en distritos mineros tradicionales, especialmente en Huanuni, donde grupos organizados ingresan de manera ilegal a las áreas de explotación para extraer mineral que luego es comercializado en circuitos informales. Este fenómeno no solo impacta en la economía de la empresa estatal, sino que también representa riesgos para la seguridad de los propios involucrados, al realizarse en condiciones precarias y sin control técnico.
Huanuni es considerado un pilar de la minería boliviana, particularmente en la producción de estaño, recurso estratégico que históricamente ha sido uno de los principales productos de exportación del país. En los últimos años, la estatal ha enfrentado desafíos relacionados con la caída de precios internacionales, costos operativos y conflictos internos, a lo que se suma el impacto del jukeo sobre su producción.
El acuerdo también establece la investigación y persecución de personas, cooperativas y empresas que compren o comercialicen mineral de origen ilegal. En Bolivia, la normativa vigente sanciona no solo la sustracción, sino también la recepción, transporte y venta de minerales obtenidos ilícitamente.
Asimismo, las instituciones firmantes acordaron gestionar ante instancias legislativas el endurecimiento de las penas vinculadas a este delito, con el objetivo de generar un efecto disuasivo más fuerte y cerrar espacios a la economía ilegal asociada a la minería.
Datos del sector minero señalan que el jukeo puede representar pérdidas significativas en la producción, afectando tanto los ingresos de las empresas estatales como las regalías que perciben las regiones. Además, debilita la formalización del sector y fomenta cadenas ilegales de comercialización.
Desde Comibol destacaron que este tipo de acciones forman parte de una estrategia más amplia para proteger los recursos naturales, garantizar la producción legal y fortalecer el control estatal en áreas estratégicas de la economía.