Ante la disposición del Decreto Supremo (DS) 5516 donde se establece un incremento del Salario Mínimo Nacional (SMN) del 21%, para pasar de Bs 2.750 a Bs 3.300, el presidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia (CEPB), Giovanni Ortuño, informó que solicitó una reunión al ministro de Trabajo, Edgar Morales, a fin “de conocer y analizar conjuntamente la propuesta de esa instancia para reglamentar los artículos 21 y 23 del Decreto 5516, referidos al incremento del Salario Mínimo Nacional y del Haber Básico”.
Ortuño señaló que "la reglamentación del salario mínimo y del haber básico será muy importante para atenuar el impacto sobre la estabilidad de las empresas y la generación y sostenibilidad del empleo formal".
El empresario reiteró la necesidad de continuar con el análisis de los temas tratados en la reunión que sostuvo la dirigencia de la CEPB con el Morales el pasado 24 de diciembre de 2025, en la que se coincidió sobre la importancia de "buscar soluciones equilibradas, que no solo beneficien a las y los trabajadores, sino que también promuevan la creación de empleo y el desarrollo sostenible de las empresas".
Que dice el DS 5516
La norma además de establecer en Bs 3.300 el SMN, reconoce y garantiza la negociación del salario entre empleadores y trabajadores, de manera individual o colectiva define que el Ministerio de Trabajo ejerza funciones de supervisión y control posterior de las negociaciones entre los trabajadores y los empresarios y establece que esta negociación "estará sujeta a la tutela del órgano Ejecutivo, conforme a la normativa constitucional y laboral vigente”
Ortuño presidente de la CEPB, señaló que el porcentaje del aumento al SMN ha generado la preocupación de las empresas de diferentes sectores productivo, ante el riesgo de perder la estabilidad y la capacidad de miles de unidades productivas y comerciales “que tendrán enormes dificultades para absorber el incremento decidido por el Gobierno”.
El hombre fuerte de sector empresarial observó que las empresas ya enfrentan la disminución sostenida de la demanda interna, el efecto de los conflictos sociales recientes, las deudas impagas, y la acumulación de obligaciones de fin de año, presenta un escenario complicado.
Ortuño explicó que, frente a esta situación, se propondrá al Gobierno que, en la redacción del reglamento y la definición de lineamientos para la negociación del haber mensual con los trabajadores, se respeten los derechos del sector empresarial y se considere la situación precaria por la que atraviesan las empresas, para evitar cierres y despidos.
"Es necesario generar medidas de mitigación, pero además es importante cambiar la práctica de imponer porcentajes mínimos de negociación y condiciones inequitativas que distorsionan la relación entre los trabajadores y los empresarios. Se trata de proteger el empleo, la productividad y la estabilidad de las fuentes de trabajo, y esa es nuestra primera obligación como dirigencia empresarial", destacó.