El Gobierno central debe regular y sancionar a la banca privada del país por especular con los dólares, sugirió el economista y docente universitario, Julio Álvarez. Según Álvarez, este es uno de los factores por el que falta la divisa estadounidense. "El reporte de la ASFI señala que, cada semana el Banco Central de Bolivia (BCB) transfiere dólares a los bancos y estos después trabajan con los librecambistas, utilizan el dólar en las calles para obtener beneficios, dijo el economista. En la calle Bolívar, de la ciudad de Tarija, las casas de cambio y librecambistas venden la divisa estadounidense entre Bs 8.22 y 8.30, cuando la cotización oficial es de Bs 6.97. El economista reafirmó que los bancos privados son especuladores del dólar y son también entidades financieras de usura. Dígame qué banco pierde y toda la vida ganan. Si te prestas dinero, te cobran interés y no perdonan sábado ni domingo, feriado o en paro, te cobran absolutamente todo, declaró Álvarez. Agregó que en las remesas en dólares que se envían desde el exterior del país, las entidades bancarias entregan en bolivianos y se adueñan de la divisa para después vender en combinación con los librecambistas en un mundo de especulación. Por otro lado, el economista mencionó que otro de los factores para la escasez de la divisa estadounidense es la caída de las exportaciones en 2023 a consecuencia de los constantes bloqueos de carreteras en el país. El pasado año se cerró, de acuerdo al IBCE, con déficit de balanza comercial de casi $us 600 millones. Es decir, se perdieron por la falta de exportaciones debido a los bloqueos de las carreteras que afecta de manera determinante a los volúmenes de exportación", indicó. Ante esta situación, Álvarez planteó la aprobación de una Ley en la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para sancionar a los que promueven los cortes de las rutas que impidieron la exportación de productos agrícolas y frutícolas a mercados de los países vecinos. Añadió que la propuesta está sustentada en la Constitución Política del Estado (CPE), donde se establece que nadie puede atribuirse para bloquear la circulación o libertad de movimiento en el país.
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