La diputada evista Gladys Quispe cuestionó con dureza el accionar del Ministerio Público en el caso Botrading, luego de que el fiscal general del Estado anunciara el arraigo y el congelamiento de cuentas de al menos diez personas vinculadas.
Para la legisladora, estas medidas llegan “a destiempo” y no garantizan justicia frente a un caso de corrupción que —asegura— ha golpeado directamente a la economía de las familias bolivianas.
“Es lamentable lo que está pasando y que las autoridades actúen a destiempo. Este caso fue denunciado hace meses y, sin embargo, en la Fiscalía se desestimaron las denuncias”, manifestó Quispe, en referencia a la demora de las acciones judiciales.
La diputada recordó que, junto a su bancada, enviaron notas al fiscal general Róger Mariaca, al fiscal departamental y al Contralor General del Estado exigiendo la aplicación de la Ley 1352, que establece la permanencia obligatoria en el territorio nacional de autoridades del nivel central y entidades descentralizadas.
“Hemos pasado un listado que incluye al presidente Luis Arce, al gerente de YPFB, ministros, viceministros, directores e incluso a Franklin Flores. Todos ellos deberían tener ya emitida la orden de arraigo”, aseguró.
Quispe denunció además que algunos exfuncionarios ya habrían salido del país y que otros, como el expresidente de YPFB Armin Dorgathen, se han negado a responder ante la prensa. “Al pueblo hay que hablarle con la verdad. El que no debe nada, no tiene por qué callar”, sostuvo.
La legisladora fue más allá y pidió directamente la emisión de órdenes de aprehensión contra los involucrados. “No basta con el arraigo ni con el congelamiento de cuentas. El fiscal general debe ordenar la aprehensión para evitar que estos delincuentes fuguen. Se han hecho millonarios de manera descarada a costa del pueblo boliviano”, afirmó.
En su crítica, Quispe incluyó al entorno familiar del presidente Arce. “Imagínese, hasta el hijo de Lucho Arce, el famoso Marcelito, ha sido mencionado en estas denuncias y ni siquiera lo han convocado. Eso demuestra el nivel de protección política que existe”, denunció.
Advirtió que, si los responsables logran escapar del país, la Fiscalía y otras autoridades serán “corresponsables”. “Se trata de recursos del Estado. El fiscal general ya debería actuar conforme manda la ley y la Constitución, pero lamentablemente hay favoritismos hacia Luis Arce y su gabinete”, concluyó.
Por su parte, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) ha defendido la creación de Botrading, señalando que fue establecida como una empresa estatal boliviana con el objetivo de fortalecer la capacidad comercial y reducir costos logísticos en la importación de combustibles. La empresa fue constituida en Paraguay debido a temas de logística y operativos, y ha generado ahorros significativos para el país.
YPFB también ha asegurado que todas las operaciones, adjudicaciones y desistimientos están documentados, disponibles para auditoría externa y supervisados por mecanismos de control interno, y que no hay nada que oculta.