La idea de diferir de forma automática el pago de créditos bancarios, planteada como un mecanismo para aliviar la carga financiera de los hogares más vulnerables puede parecer, en principio, una respuesta empática y oportuna ante el deterioro del poder adquisitivo. Sin embargo, su implementación sin criterios de focalización ni evaluación técnica introduce riesgos sistémicos importantes que comprometerían la estabilidad de una de las pocas estructuras institucionales que aún resisten: el sistema financiero.
Para comprender el alcance de esta propuesta, es necesario contextualizar el rol que cumple el sistema bancario en cualquier economía moderna. La intermediación financiera —esto es, la capacidad de transformar el ahorro del público en financiamiento para inversión, consumo o expansión productiva— constituye un engranaje esencial del desarrollo económico. A diferencia de otros sectores, la banca trabaja con recursos ajenos: administra depósitos que requieren garantía de seguridad, liquidez y rendimiento. Alterar ese delicado equilibrio mediante medidas intervencionistas puede generar efectos regresivos, incluso para los sectores que se pretende beneficiar.
Resiliencia bajo presión
Desde 2020, la economía ha enfrentado una secuencia de tensiones estructurales: caída de las reservas internacionales, deterioro fiscal, aumento del déficit cuasifiscal del BCB, y más recientemente, desdoblamiento del tipo de cambio con la aparición de un mercado paralelo que refleja una creciente escasez de divisas.
En este contexto, el sistema bancario ha sido presionado desde múltiples frentes, pero ha logrado, hasta ahora, mantener su funcionamiento básico sin crisis de confianza generalizada.
El análisis más reciente del Fondo Monetario Internacional (FMI) sobre la economía boliviana destaca que, si bien los indicadores de capitalización bancaria se mantienen por encima de los umbrales prudenciales, la calidad de la cartera de créditos ha mostrado un deterioro paulatino.
La tasa de morosidad ha aumentado sostenidamente, pasando del 1,5 % en 2021 al 3,2 % en 2024, y las provisiones que cubren los créditos en riesgo se han debilitado, cayendo del 120 % al 75,7 % en el mismo período.
La rentabilidad se ha visto afectada: el retorno sobre el patrimonio (ROE) descendió del 11,8 % al 7,2 %, mientras que los márgenes operativos se redujeron debido a la baja en tasas de interés pasivas y a la compresión regulatoria de tasas activas.
Diferimientos no son neutros
Aplicar un nuevo diferimiento universal en 2025, bajo condiciones estructurales adversas, tendría impactos más profundos que los observados en 2020. Las entidades bancarias enfrentarían una nueva pérdida de ingresos por el congelamiento de pagos, mayores provisiones por deterioro esperado, y una caída adicional en su rentabilidad operativa. Además, en el contexto actual, los bancos cuentan con menos herramientas para absorber ese golpe sin comprometer su solvencia o liquidez.
El daño no se limitaría a las entidades individuales. Un deterioro de balances podría desencadenar efectos en cadena sobre la confianza del público, los niveles de depósitos y la capacidad del sistema para seguir financiando al sector real.
En un entorno con tipo de cambio paralelo, escasez de divisas y restricciones monetarias, las consecuencias podrían ser severas, analiza Carlos Aranda, economista del Centro de Estudios Populi, que alerta que esta pedido electoral puede jugar en contra del país.