El hallazgo de una cisterna con combustible adulterado en la refinería de Senkata, en La Paz, reactivó la polémica en torno a la denuncia del Gobierno sobre un presunto sabotaje en la cadena de abastecimiento de carburantes. El hecho, confirmado mediante un comunicado oficial, fue presentado como evidencia de que existe una estructura irregular que habría afectado millones de litros importados.
El caso también encendió alertas en el sector automotor, donde usuarios reportaron daños reiterados en motores, atribuidos a fallas en la calidad del combustible distribuido.
Según el Ministerio de Gobierno, el caso fue detectado durante controles rutinarios, cuando se identificó que una cisterna proveniente de Chile contenía diésel fuera de especificación. La descarga fue paralizada y se activaron protocolos de seguridad para evitar su ingreso al sistema. El conductor fue aprehendido tras admitir la manipulación del producto .
La denuncia se produce un día después de que el Ejecutivo advirtiera sobre el daño a 150 millones de litros de combustible. Sin embargo, la reacción del sector cisternero no se hizo esperar. Sergio Kosky, dirigente nacional, respaldó la investigación, pero cuestionó el alcance de las acusaciones.
“Sería poco serio decir que no existen casos, pero tampoco se puede meter a siete mil camiones en la misma bolsa”, afirmó. El dirigente planteó además una interrogante incómoda: si estas prácticas existen desde hace años, ¿por qué no se actuó antes?
Desde el ámbito técnico, las críticas apuntan a fallas estructurales en los controles. En declaraciones a Radio Panamericana, el ingeniero Eduardo Sánchez, de la UMSA, cuestionó que el Gobierno asuma la vocería sobre un problema que corresponde a YPFB. A su juicio, la falta de claridad evidencia debilidades en el sistema.
“El problema se resuelve en laboratorio, no en conferencias”, sostuvo. Además, advirtió que los equipos de la ANH no miden elementos clave como gomas o manganeso, sustancias asociadas a los daños reportados en vehículos .
Más allá del episodio puntual, la lectura de fondo apunta a una crisis institucional. El ingeniero Carlos Delius señaló que la adulteración detectada revela la existencia de redes irregulares en toda la cadena de suministro.
“Se han creado mafias vinculadas a permisos, transporte y distribución”, afirmó, al tiempo de advertir que la concentración de funciones en YPFB agrava las vulnerabilidades del sistema .
Entre denuncias, defensas sectoriales y cuestionamientos técnicos, el caso deja una pregunta abierta: si el problema era conocido, ¿por qué recién ahora emerge como crisis nacional?