Por Walter Vásquez El Gobierno reveló ejecuciones hechas por contrabandistas en comunidades fronterizas para echarle la culpa de esas muertes a la Policía y a las Fuerzas Armadas y para que los uniformados pierdan así el apoyo de pobladores y autoridades de esas poblaciones en esas zonas. “La estrategia del contrabando es hacer creer que esas muertes son de personas civiles (…) y hacerlas aparecer como si (los responsables) hubiesen sido las Fuerzas Armadas o la Policía”, reveló el viceministro de Lucha Contra el Contrabando, general Daniel Vargas. “Las ejecuciones o los ajustes de cuenta los hacen las organizaciones dedicadas al narcotráfico y al contrabando, los criminales, los sicarios, no las Fuerzas Armadas ni la Policía”, subrayó. La autoridad contó que los contrabandistas se organizan para hacer creer a las autoridades originarias y municipales que esas muertes son “asesinatos” causados por impactos de bala, como ocurrió en octubre pasado en Maquiviri y en noviembre en Opoqueri, ambas poblaciones del departamento de Oruro. En Orinoca, igualmente, se informó de una muerte con esas características, pero hasta la fecha los presuntos familiares de la víctima no presentaron ninguna denuncia ante la Fiscalía. “Hemos visto (eso) recurrentemente”, subrayó el viceministro, quien pidió a las autoridades originarias no dejarse engañar por los contrabandistas. “Coordinaremos, empecemos a investigar, analizaremos bien si realmente (esa muerte) es por impacto de bala. Para eso están las autoridades competentes”, sostuvo. El contrabando en la frontera con Chile ha pasado a ser una actividad ilegal liderada por organizaciones delincuenciales que emplean explosivos y armamento sofisticado, y que cuenta con el apoyo de pobladores de la zona para transitar sin restricciones, recuperar su mercadería confiscada e incluso quemar los vehículos de policías y militares que realizan patrullajes. La Aduana Nacional reportó que el año pasado se iniciaron 137 proceso penales por el delito de contrabando y que se registraron 42 detenidos, 38 de ellos con sentencia condenatoria.
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