La Confederación Sindical de Chóferes de Bolivia pidió este viernes un control riguroso en la venta de gasolina y diésel, especialmente a vehículos indocumentados, conocidos como autos “chutos”, que -según su dirigencia- están agravando la crisis de abastecimiento en el país.
“Son miles y miles de autos indocumentados que están trabajando en todos los sectores, y no sabemos quién les proporciona el combustible. Eso tiene que responderlo la ANH”, declaró Gómez, en alusión a la Agencia Nacional de Hidrocarburos, a la que responsabilizó de no controlar adecuadamente la distribución y consumo de combustibles.
El dirigente explicó que antes la ANH regulaba los volúmenes asignados por departamento y surtidor, pero hoy esa tarea recae en la Gerencia General de Comercio y Administración de YPFB, cuya actuación calificó como deficiente.
Agregó que la falta de regulación está alimentando el contrabando de combustibles, actividad que —asegura— es de conocimiento público. “Todos saben por dónde sale el diésel y cómo sale. Lo que falta es voluntad política para actuar. Mientras no haya control real, por más que aumenten los volúmenes de importación, siempre va a faltar gasolina y diésel”, advirtió.
Gómez remarcó que la venta indiscriminada de carburantes a vehículos ilegales no solo perjudica a los transportistas formales, sino que también genera competencia desleal y profundiza la crisis económica del sector. “Los choferes con papeles en regla, que pagan impuestos y están registrados, no consiguen combustible, mientras los chutos circulan y abastecen sin problemas. Es inadmisible”, sentenció.
El líder del gremio pidió que se implemente un sistema de control más estricto en surtidores, que permita identificar y restringir el acceso al combustible a los vehículos que no cuenten con matrícula legal. También solicitó que el Gobierno convoque a una mesa técnica para abordar de forma integral la crisis del abastecimiento y sus causas estructurales.
La declaración de los chóferes se suma a una ola de reclamos de distintos sectores productivos y ciudadanos, que denuncian filas interminables en surtidores, viajes cancelados y pérdida de ingresos debido a la falta de combustibles.