Las nuevas autoridades subnacionales que asumirán funciones en mayo encontrarán un panorama económico complejo, marcado por la caída de ingresos públicos, menor disponibilidad de recursos y un Estado con serias limitaciones fiscales. Así lo advirtió el economista del Centro de Estudios Populi, Carlos Aranda, quien señaló que alcaldes y gobernadores deberán enfrentar una realidad financiera mucho más restrictiva que en años anteriores.
En declaraciones al programa Dinero, que se emite por ED 24, Aranda dijo que la reciente definición de resultados electorales permitirá destrabar algunas decisiones económicas que estaban en pausa, entre ellas la negociación del Presupuesto General del Estado con las nuevas autoridades territoriales. Sin embargo, aclaró que el principal desafío será administrar en un contexto de recursos cada vez más escasos.
“Ahora hay certidumbre sobre quiénes van a gobernar. Ahora toca ver cómo lo van a hacer. Lo cierto es que la mayoría de quienes ingresarán a gobernar en municipios y gobernaciones se van a enfrentar a la realidad económica de las finanzas públicas estatales, que llevan más de diez años en picada”, afirmó en el espacio informativo especializado en economía.
El analista señaló que, además de la debilidad fiscal, existe una fuerte expectativa política sobre la redistribución de recursos entre el nivel central y las regiones, especialmente en torno a la propuesta de un esquema “50-50”. Sin embargo, advirtió que existe poca claridad sobre cómo se aplicaría realmente esa redistribución.
Aranda explicó que algunas propuestas plantean aumentar la participación de las gobernaciones en la coparticipación tributaria, mientras que una parte de los recursos iría a un fondo de equidad destinado a municipios con mayores niveles de pobreza. En ese escenario, ciudades grandes como Santa Cruz de la Sierra no necesariamente recibirían más dinero.
“Muchos candidatos han incluido el 50-50 como parte de su presupuesto de gestión, pero no está claro cómo se va a aplicar ni qué impuestos se redistribuirán realmente”, sostuvo.
El economista también recordó que la situación financiera de las gobernaciones se ha deteriorado con el paso de los años. Como ejemplo mencionó el caso de Santa Cruz, cuyo presupuesto cayó significativamente desde el auge de los hidrocarburos.
En 2014, durante el boom de los ingresos por gas y el Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH), la Gobernación cruceña manejaba cerca de 2.000 millones de bolivianos. Actualmente el presupuesto ronda los 1.100 millones, pese a que la población ha aumentado. Esto implica que los recursos disponibles por habitante se redujeron cerca de un 70%.
“Hoy el presupuesto es casi la mitad y hay más población. Eso significa que la capacidad de inversión por persona es mucho menor”, explicó.
Para Aranda, incluso si se lograra una redistribución de ingresos hacia las regiones, esto no necesariamente implicaría mayor margen de acción para gobernaciones y municipios, debido a la delicada situación fiscal del país.
“El Estado está en quiebra. Si te dan un boliviano más, probablemente venga acompañado de nuevas responsabilidades. No necesariamente significará más holgura financiera”, advirtió.
Ante esta situación, el economista considera que las nuevas autoridades deberán explorar mecanismos alternativos de financiamiento para impulsar obras y mejorar los servicios públicos. Entre las opciones mencionó las asociaciones público-privadas (APP) y los esquemas de concesión para infraestructura y servicios.
Según explicó, este tipo de mecanismos han permitido desarrollar proyectos de gran escala en ciudades como Lima, Santiago o Medellín, donde el sector privado participa en la construcción y gestión de carreteras, sistemas de transporte o servicios públicos.
“No hay dinero suficiente en el Estado para repartir. Por eso hay que empezar a mirar esquemas de financiamiento que involucren al sector privado para sostener la infraestructura y los servicios”, afirmó.
Aranda subrayó que estas medidas no tendrán efectos inmediatos, pero considera que son una alternativa necesaria si las regiones quieren mejorar su capacidad de inversión y ofrecer servicios de mayor calidad a la población.
“El desafío ahora será encontrar formas sostenibles de financiar el desarrollo regional en un contexto donde los recursos públicos ya no alcanzan”, concluyó.