Ante múltiples reclamos de usuarios por cobros excesivos y la detección de irregularidades legales, el director de la Autoridad de Regulación y Fiscalización de Telecomunicaciones y Transportes (ATT), Carlos Ágreda, informó este martes el inicio del proceso de revocatoria de licencia y el cese inmediato de operaciones de la empresa de courier Bolibox S.R.L..
“Ya no puede operar. Hemos iniciado el proceso revocatorio de su licencia y presentado una denuncia ante el Ministerio Público porque identificamos posibles indicios de delitos”, explicó Ágreda en conferencia de prensa. Entre los hallazgos, la ATT detectó que la firma emitía facturas bajo la denominación Importadora Vargas García, situación que levantó alertas sobre la legalidad de su facturación.
La investigación también evidenció que Bolibox no cuenta con el Certificado Anual de Operaciones 2026 vigente, requisito indispensable para la prestación legal del servicio postal, y que no subsanó observaciones técnicas y legales formuladas previamente por la ATT.
Para resguardar los derechos de los usuarios, la entidad reguladora dispuso el cese inmediato de operaciones del courier hasta que regularice su situación y exigirá la entrega de toda la mercadería en tránsito. Ágreda añadió que la empresa desviaba paquetería que debía ingresar por la Agencia Boliviana de Correos, entregándola por su cuenta.
“Por ello pedimos a la Fiscalía iniciar una investigación penal; encontramos un conjunto de delitos que afectan al Estado y a los usuarios, víctimas de cobros no reglamentados que exceden lo permitido por su contrato de operaciones”, afirmó.
Asimismo, la ATT comunicó a la Aduana Nacional que el operador no está habilitado para actuar en territorio nacional ni en la gestión de envíos internacionales, con el objetivo de restringir cualquier actuación.
“Este es un tema sensible porque afecta a miles de emprendedores que compran productos en el exterior y esperan recibirlos a un costo razonable, algo que no estaba ocurriendo”, subrayó Ágreda.
La intervención de la ATT se enmarca en la política del Ministerio de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, a cargo de Mauricio Zamora, orientada a garantizar servicios de calidad y proteger a los usuarios.