El presidente de Bolivia, Luis Arce Catacora, denunció este lunes ante la cumbre del bloque BRICS (Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica) que el "capitalismo salvaje es responsable directo de la degradación ambiental y la actual crisis climática global. En una intervención marcada por un tono crítico hacia las potencias occidentales, Arce llamó a conformar un bloque que defienda la justicia climática y propuso una alianza energética entre los países del Sur Global.
“Están en peligro la madre tierra y la humanidad”, afirmó Arce, al cuestionar el modelo extractivista que, según dijo, ha privilegiado la explotación desmedida de los recursos naturales en beneficio de las potencias industriales. “Resulta irónico que algunas naciones, evadiendo sus compromisos, se hayan retirado del Acuerdo de París”, añadió, en alusión implícita a Estados Unidos.
Durante su intervención, el mandatario boliviano propuso dos iniciativas concretas: la creación de una alianza energética sostenible que promueva la integración entre países BRICS y aliados; y la fundación de un centro de ayuda y cooperación internacional para enfrentar desastres naturales, con aportes diferenciados de los países más desarrollados.
Arce también reclamó que el financiamiento climático fluya efectivamente hacia los países que enfrentan los mayores riesgos, y que las decisiones de la próxima COP 30 —la conferencia climática de la ONU— incluyan un enfoque basado en la dignidad y los derechos de los pueblos.
Salud, alimentación y saberes ancestrales
En otra parte de su intervención, el jefe de Estado boliviano abordó la necesidad de mejorar la cooperación en salud entre los países del bloque. Defendió la producción regional de medicamentos, el uso de inteligencia artificial para la atención sanitaria y el reconocimiento de la medicina ancestral como un pilar en la prevención de enfermedades.
“No en vano, nuestros países alimentaron con sus saberes ancestrales y su materia prima a la industria farmacéutica que hoy prioriza ganancias por encima de la salud humana”, señaló.
Arce también propuso que los BRICS promuevan políticas alimentarias compartidas que articulen alimentación saludable, equidad en salud y sistemas universales, bajo la lógica de la salud preventiva como alternativa más eficiente y sostenible.
Leyes del MAS e incendios forestales
Paradójicamente, durante los gobiernos del MAS —el partido que lidera Arce— Bolivia ha enfrentado algunos de los peores incendios forestales de su historia, impulsados por leyes y decretos aprobados por ese mismo partido, que facilitaron el desmonte y las quemas con fines agropecuarios.
Entre ellas destacan:
• Ley 337 (2013) y Ley 502 (2014), que legalizaron desmontes previos al 2011 y extendieron el “perdonazo” para actividades irregulares.
• Ley 741 (2015), que autorizó desmontes de hasta 20 hectáreas por predio en tierras privadas y comunitarias.
• Ley 1171 (2019), que legitimó el “uso del fuego” para actividades agrícolas.
• Decreto Supremo 3973 (2019), que permitió desmontes y quemas en Beni y Santa Cruz, incluso en tierras con vocación forestal.
Estas normas —según informes de prensa y expertos ambientales— propiciaron la expansión de la frontera agrícola mediante incendios controlados que, en la práctica, se salieron de control.
Solo en 2024, más de 10 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego, provocando desplazamientos forzados, pérdida de biodiversidad y daños irreparables a ecosistemas como la Amazonía y la Chiquitanía.
Aunque el Gobierno de Arce declaró una “pausa ecológica” en 2024 y suspendió temporalmente las quemas, las leyes que facilitaron estos desastres siguen vigentes.
En otra parte de su intervención, el jefe de Estado boliviano abordó la necesidad de mejorar la cooperación en salud entre los países del bloque. Defendió la producción regional de medicamentos, el uso de inteligencia artificial para la atención sanitaria y el reconocimiento de la medicina ancestral como un pilar en la prevención de enfermedades.
Paradójicamente, durante los gobiernos del MAS —el partido que lidera Arce— Bolivia ha enfrentado algunos de los peores incendios forestales de su historia, impulsados por leyes y decretos aprobados por ese mismo partido, que facilitaron el desmonte y las quemas con fines agropecuarios.
Entre ellas destacan:
• Ley 337 (2013) y Ley 502 (2014), que legalizaron desmontes previos al 2011 y extendieron el “perdonazo” para actividades irregulares.
• Ley 741 (2015), que autorizó desmontes de hasta 20 hectáreas por predio en tierras privadas y comunitarias.
• Ley 1171 (2019), que legitimó el “uso del fuego” para actividades agrícolas.
• Decreto Supremo 3973 (2019), que permitió desmontes y quemas en Beni y Santa Cruz, incluso en tierras con vocación forestal.
Estas normas —según informes de prensa y expertos ambientales— propiciaron la expansión de la frontera agrícola mediante incendios controlados que, en la práctica, se salieron de control.
Solo en 2024, más de 10 millones de hectáreas fueron afectadas por el fuego, provocando desplazamientos forzados, pérdida de biodiversidad y daños irreparables a ecosistemas como la Amazonía y la Chiquitanía.
Aunque el Gobierno de Arce declaró una “pausa ecológica” en 2024 y suspendió temporalmente las quemas, las leyes que facilitaron estos desastres siguen vigentes.