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Alertan que Decreto 5327 asfixiará al contribuyente, al no poder compensar el pago del IUE

Viernes, 07 de febrero de 2025 a las 13:33

El economista Darío Monasterio, explicó que lo que está haciendo el gobierno es buscar liquidez hasta el 31 de marzo, que es la fecha límite de pago del IUE

El Órgano Ejecutivo aprobó el miércoles el Decreto Supremo 5327, que -según el Gobierno- tiene el objetivo de “mejorar el sistema tributario nacional, en atención y beneficio de empresas constructoras, aerolíneas y empresas unipersonales”. La norma entrará en revisión por 10 días para los ajustes del Servicio de Impuestos Nacionales (SIN).

“Estamos corrigiendo un aspecto, que va en detrimento de las finanzas públicas y de los ingresos tributarios; por lo tanto, consideramos que el mismo va a perfeccionando algunos aspectos que se consideraban injustos y perjudicaban al ingreso del erario nacional”, mencionó el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.

Sin embargo, la auditora Jazmín Daza, gerente de la consultora Seicruz, alertó que la nueva normativa asfixiará a todos los contribuyentes al no poder compensar el pago del Impuesto a las Utilidades de las Empresas (IUE), tributo que se debe pagar de forma anual, con el Impuesto a las Transferencias (IT).

En contacto con EL DEBER, Daza explicó que luego del cierre fiscal de las empresas, en diciembre, se cuenta con 120 días para hacer la presentación y pago del IUE, pero existía la posibilidad de declarar y, si la empresa no contaba con la liquidez para hacer efectivo el pago, podía hacerlo en cuotas y con interés ante Impuestos Nacionales y compensar el pago con el IT.

“¿Qué va a pasar? Van a terminar asfixiando al contribuyente, porque va a deber el 100% del IUE si no logra pagar nada y, al no poder compensarse con los IT, va a seguir debiendo los IT en los próximos meses y lo que estamos haciendo es agravar la situación, porque la mayoría de las empresas solo tocaban en sus costos el IVA (Impuesto al Valor Agregado) y el IT”, señaló la auditora. 

Según Daza, la clave está en la disposición adicional segunda del DS 5327, donde hacen una modificación al artículo con la frase “hasta la fecha de su vencimiento”, lo que quiere decir que quedaría anulado el pago a cuenta, si no que se debe cancelar el 100% hasta la fecha de vencimiento para poder compensar. “La medida es exigir que se anule el texto que añadieron”, señaló.

Por su parte, el economista Darío Monasterio explicó que lo que está haciendo el gobierno es buscar liquidez hasta el 31 de marzo, que es la fecha límite de pago del IUE. 

“Lo que quiere el gobierno es que, con esta normativa que ha metido un poquito a escondidas, lograr que haya un efectivo pagado hasta el 31 de marzo, y poniendo como norma de que, si no se paga en efectivo hasta el 31 de marzo, toda la totalidad del IUE, no se va a poder compensar el pago del impuesto a las transacciones contra el IUE, como es actualmente la norma”.

Agregó que “lo que quiere el gobierno es sacar liquidez y el que no tenga la liquidez para pagarlo saque un crédito o busque cómo pagarlo para poder compensar el IT; si no, se hace un plan de pago, pero ya no puede compensar el IT, que es el 3% de todas las ventas, y no es compensatorio más que con el impuesto a las utilidades de las empresas. En otras palabras, el gobierno está buscando una liquidez rápida para el 31 de marzo de un impuesto que recauda bastante, porque es el 25% de las utilidades netas de todas las empresas”.

Sectores beneficiados

La Cámara de la Construcción de Santa Cruz (Cadecocruz), en un pronunciamiento hecho público el jueves, ponderó que el DS 5327 anula la facturación anticipada para las constructoras, ya que realiza modificaciones a diferentes artículos de la Ley Nº 843, de la Constitución Política del Estado y normas tributarias, señala que en los contratos de obras públicas: Se emitirá factura, nota fiscal o documento equivalente, en el momento de la percepción del pago, en efectivo o mediante títulos valores negociables, lo que significa que las empresas constructoras y de servicios pagarán impuestos cuando efectivamente reciban el dinero.

“De manera reiterada Cadecocruz señaló la urgente necesidad de hacer cambios en la normativa vigente, por la que los constructores encaran graves problemas financieros al asumir costos adicionales y el pago adelantado de impuestos por presentar la planilla de avance de obra acompañada de la factura que demora varios meses en pagarse”, apuntó la entidad.

 

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