El veredicto del Tribunal de Sentencia, que decidió de forma unánime declarar culpable a Castillo, es "una victoria de los pueblos del mundo que han acompañado este proceso, de la comunidad solidaria y de los derechos humanos, dijo Bertha Zúñiga, una de las hijas de la ambientalista, en rueda de prensa luego de conocer el fallo.
La condena significa que las estructuras de poder no lograron en este caso, corromper al sistema de justicia, y que la estructura criminal de la familia Átala Zablah, de la cual es instrumento el condenado (Roberto) David Castillo, no logró sus objetivos, indicó Zúñiga al leer un comunicado del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh). La causa Berta Cáceres no termina con la resolución del Tribunal hondureño y se encamina firmemente a llevar ante la justicia a los autores intelectuales del asesinato de la líder de la etnia lenca, añadió.
Castillo, un militar hondureño, era presidente ejecutivo de la empresa Desarrollo Energéticos S.A. (DESA), encargada de represa hidroeléctrica Agua Zarca, cuando Berta Cáceres fue asesinada el 2 de marzo de 2016, y conocerá la pena de prisión el próximo 3 de agosto.
Cáceres fue asesinada, pese a medidas cautelares
Berta Cáceres, quien era coordinadora y cofundadora del Copinh, fue asesinada a tiros en su casa, en La Esperanza, pese a contar con medidas cautelares de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para protegerla de las constantes amenazas que recibía. En el momento de los hechos, Cáceres estaba durmiendo en su vivienda, donde tenía como huésped al también ambientalista mexicano Gustavo Castro, único testigo del crimen y quien sufrió una herida leve de bala en una oreja.
La ambientalista se oponía a la construcción de Agua Zarca, en el río Gualcarque, por considerar que causaba daños al medioambiente, principalmente a las comunidades de la etnia lenca. Por ello, su familia y el Copinh exigieron la cancelación inmediata del permiso de construcción sobre el sagrado río Gualcarque y se procese a todas las personas involucradas en su ilegal y corrupta concesión. Exigen, además, el desmantelamiento de redes criminales que actualmente persisten y que actuaron durante el juicio para promover la impunidad”.