ECONOMÍA
Mineros rechazan plan de factibilidad de empresas estatales
Las compañías públicas deben presentar información y proyecciones a 2021. La Federación de Trabajadores Mineros de Bolivia, dice que se viene una privatización
Para cumplir con este último punto, las instituciones públicas deben remitir dichos ajustes presupuestarios, enmarcados en el reglamento de modificaciones, aprobado mediante el Decreto Supremo N.º 3607, hasta el 13 de julio del año en curso.
En caso de incumplimiento, se aplicará el artículo 8 de la Ley N.º 856 de 28 de noviembre de 2016, vigente para la presente gestión. Este apartado establece que el Ministerio de Economía puede inmovilizar los desembolsos por diferentes causas.
Según el Gobierno, también se prevé reducir hasta un 20% los gastos en consultores en línea y promover la transparencia en la gestión de las empresas públicas.
El economista José Alberti, dijo que el Gobierno busca optimizar sus recursos para financiar su programa,reduciendo los gastos corrientes y de inversión de las entidades descentralizadas.
Indicó que es una medida necesaria para optimizar el funcionamiento del Estado y asegurar que el plan de reactivación tenga recursos para su ejecución.
Añadió, que es importante redirigir estos fondos a sectores claves como la salud. Explicó que el Gobierno no toca a las empresas estatales porque en su mayoría, salvo YPFB, son deficitarias y hay poco margen para ajustar.
El economista, René Martínez, señaló que muchos proyectos, encabezados por diferentes ministerios, se han paralizado por la emergencia sanitaria. Por eso, explicó que la medida del Gobierno busca redireccionar el destino de estos recursos.
Para él, es complicado que en este momento el Ejecutivo toque los presupuestos de las empresas estatales, debido a que algunas siguen operando. Sin embargo, dijo que es necesario evaluar el rol de estas compañías.
De hecho, este programa tiene previsto realizar una evaluación sobre el funcionamiento de las empresas estatales. El decreto establece que deben presentar un plan de negocios y de factibilidad.
Esto es rechazado por el sector minero, que acusó al Gobierno de querer privatizar estas empresas.
