Gobernación cruceña pide la devolución de $us 250 millones retenidos para fondo de exploración y explotación hidrocarburífera

La Gobernación de Santa Cruz derivó este martes un proyecto de ley a la Asamblea Legislativa que plantea restituir el 12% del Impuesto Directo a los Hidrocarburos (IDH) que la anterior gestión estatal confiscó a gobernaciones, municipios y universidades para crear del Fondo de Exploración, que en cinco años acumuló $us 250 millones, según la entidad subnacional.

En 2015, el entonces gobierno de Evo Morales aprobó la Ley 767, que creaba el Fondo de Promoción a la Inversión en Exploración y Explotación Hidrocarburífera (FPIEEH) con el objetivo de promover la búsqueda de nuevos yacimientos de gas natural.

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Esta norma establecía la retención de hasta el 12% de los fondos del IDH de los gobiernos subnacionales para financiar esta iniciativa estatal.

“Hace cinco años, cuando se aprobó esta ley, denunciamos que era una norma que confiscó los recursos. Queremos terminar con esta ley y restituir los recursos confiscados ilegalmente, que son $us 250 millones”, señaló Vladimir Peña, secretario de Gobierno de la Gobernación de Santa Cruz.

A cinco años de su creación, según Peña, este fondo no logró su objetivo, por lo que el gobernador de Santa Cruz, Rubén Costas, hizo las diligencias para que la Asamblea Legislativa apruebe este proyecto de ley con carácter de urgencia.

Incluso dijo que cursaron cartas a la Cámara de Diputados y a la de Senadores. “Después de cinco años estamos constatando que fue un fracaso. Es apremiante que se restituya los recursos confiscados ilegalmente”, señaló.

Peña informó que una vez recuperados estos recursos se usarán para enfrentar la crisis sanitaria que vive la región por el coronavirus.

Destino

En octubre de 2019, la estatal YPFB informó a EL DEBER que los recursos captados por este fondo fueron usados para financiar 10 proyectos de exploración y desarrollo.

En aquella oportunidad la administración de la estatal, en manos del anterior Gobierno, señaló que la Ley de Incentivos permitió ejecutar, hasta 2018, una inversión de $us 1.945 millones en actividades de exploración y explotación.

Indicaron que el uso de estos recursos se concretaría en una inversión de más de $us 9.800 millones para el periodo 2019-2025, “que beneficiarán a las gobernaciones, municipios y universidades del país en el corto y mediano plazo”.

Consultada, ese año por el destino de estos recursos, la firma estatal señaló que se ejecutaron proyectos exploratorios como Ñancahuazú, Sipotindi, Caranda, Boyuy, Iñiguazu, Jaguar, entre otros.