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Cumbre empresarial pide frenar al contrabando y una alianza público-privada

Viernes, 18 de marzo de 2022 a las 01:22
Estos puntos forman parte de nueve conclusiones que los empresarios plantearon al Gobierno para reactivar la economía. El Ministro de Justicia, Iván Lima, planteó modificar el Código de Comercio de manera conjunta, esta norma rige hace 40 años


Con una conclusión de nueve puntos culminó ayer la primera cumbre para la reactivación económica organizada por el sector empresarial del país. Entre las propuestas más destacadas está el pedido hecho al Gobierno para frenar el contrabando y establecer una alianza público-privada para impulsar la reactivación económica.

Este inédito evento se realizó en La Paz y aglutinó a 600 representantes de asociaciones de productores, de artesanos, de micro, pequeñas, medianas y grandes empresas, de más de 100 asociaciones productivas y 32 gremios de los nueve departamentos de Bolivia.

La gran ausente fue la Cámara de Industria, Comercio, Servicios y Turismo de Santa Cruz (Cainco) que no asistió por un tema de agenda, informó la propia institución días antes del evento.

Todos formaron parte de 10 mesas de trabajo donde los empresarios debatieron y sacaron propuestas que después serán entregadas al Gobierno para que se puedan traducir en medidas concretas para acelerar el crecimiento.

Puntos clave

El encuentro empresarial determinó que la reactivación post-pandemia debe desarrollarse en tres ejes: El desarrollo del sector productivo debe ser complementario, sustentable y diverso.

De estos ejes se desprendieron nueve conclusiones. La más fuerte es establecer una lucha efectiva contra el contrabando, que se constituye en la principal problemática de todo el sector productivo y tiene una directa relación con la informalidad, dificultades para el acceso de financiamiento.

Además, que imposibilita ampliar la capacidad productiva y el deterioro de las condiciones laborales, afirman los privados.

Otro de los puntos trascendentales planteados por los empresarios es que el desarrollo productivo sólo es posible con alianzas público - privadas, lo que significa que se deben ajustar las normativas de inversiones, de las empresas públicas y de las conciliaciones comerciales.

Ibo Blazicevic, presidente de la Cámara Nacional de Industrias (CNI) destacó el espíritu de trabajo y unidad de los empresarios bolivianos, quienes llegaron de diversas regiones para consolidar un plan que ayude a solucionar los problemas que afectan, no solo a productores y emprendedores, sino al conjunto del país.

Mientras que Rolando Kempff, presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CNC) dijo que es necesario avanzar en la lucha contra el contrabando y hacia una economía 4.0 mediante políticas de digitalización e innovación. Para el empresario lo fundamental es avanzar en alianza público-privada dado que es la única forma de salir de la crisis.

Otra de las conclusiones es la simplificación y facilitación de la burocracia estatal. Esto implica reducir las barreras y los cuellos de botella en las instituciones públicas, que han empujado a muchos actores a la informalidad.

Código de comercio

Modernizar el Código de Comercio, esa fue la propuesta planteada este jueves por el Ministro de Justicia y Transparencia, Iván Lima, a los empresarios privados.

La autoridad anunció que en los próximos meses se impulsará el proceso de modernización de esta norma que es “un decreto de ley que tiene más de 40 años de vigencia y que no incluye en su contenido sectores tan importantes, como los pequeños empresarios, y que, en lugar de facilitar la economía privada, la dificulta”.

Dijo que el contenido de una nueva norma será elaborado en conjunto con los empresarios e industriales del país, porque “tiene que ser una construcción colectiva”.

“Es esencial que haya seguridad jurídica y que el litigio en materia comercial sea transparente y rápido. Los empresarios necesitan saber cuánto tiempo les va a costar cobrar una deuda en el sistema financiero y viceversa”, señaló.
Blazicevic destacó la propuesta planteada desde el Gobierno porque la actual norma no contempla nuevos negocios que se han desarrollado a partir de la digitalización.

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