En su primer día al frente del gobierno en Estados Unidos, Joe Biden envió al Congreso una propuesta de reforma migratoria calificada como la más progresista en la historia de ese país.
El ambicioso plan, llamado U.S. Citizenship Act (Ley de Ciudadanía Estadounidense), no solo debe contar con el respaldo de la Cámara de Representantes sino que en el Senado requiere al menos 60 de 100 votos.
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Y un revés de 180 grados a las políticas migratorias implementadas por su predecesor, Donald Trump.
La democracia ha prevalecido: Joe Biden toma posesión como 46º presidente de EE.UU.
Un camino a la ciudadanía para millones de indocumentados
Ese número representa el 23% de la población nacida en el extranjero que reside en el país.
Los inmigrantes indocumentados de EE.UU. llevan en el país un promedio alrededor de 15 años, de acuerdo a estimaciones del Centro para el Progreso Estadounidense, una organización liberal de investigación.
A su vez, estas personas tienen más de 10 millones de miembros en sus familias que no son indocumentados.
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A diferencia de los arriba mencionados, los beneficiarios del programa Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA, por sus siglas en inglés), los incluidos dentro del programa de estatus de protección temporal (TPS, por sus siglas en inglés) y trabajadores agrícolas que cumplan requisitos específicos inmediatamente calificarían para la residencia permanente.
Al cabo de tres años, podrían también solicitar la naturalización.
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Visados y consideraciones de reunificación familiar
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El plan establece también una serie de protecciones para los trabajadores inmigrantes que denuncien explotación y aumenta de 55.000 a 80.000 el número de visados de diversidad (que se sortean entre personas de países cuya tasa de migración a EE.UU. es baja).
El proyecto de ley también incluye provisiones para eliminar la discriminación hacia familias LGBTQ+ y a inmigrantes según sus creencias religiosas.
Un enfoque diferente en cuanto a seguridad fronteriza
Esta legislación propone un enfoque diferente al que se ha visto en propuestas similares anteriores.
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Una mejora en la infraestructura en dichos puertos también forma parte del plan, con el fin de mejorar la capacidad para procesar a solicitantes de asilo y prevenir la entrada de narcóticos al país.
Aunque la movida es bien vista por grupos de activismo y diversas organizaciones, este podría ser uno de los puntos más discutidos por los legisladores, indican expertos.
Inversión en Centroamérica y las causas raíz de la inmigración desde la región
Durante la campaña, Biden prometió destinar US$4.000 millones a lo largo de cuatro años para abordar las causas subyacentes que llevan a ciudadanos de El Salvador, Guatemala y Honduras a huir de sus países.
El plan contempla la misma cifra y explica que funcionará bajo la condición de que dichos países reduzcan la corrupción endémica, la violencia y la pobreza.
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El plan de legislación del nuevo gobierno promete la creación de canales legales y seguros para los solicitantes de asilo y refugiados mediante el establecimiento de centros de procesamiento para registrar y procesar a desplazados.
El gobierno tendrá que manejar un balance delicado entre sostener y defender el sistema de asilo sin enviar un mensaje de que la frontera está abierta, porque en eso no consiste la ley de asilo, dice la analista Julia Gelatt, del MPI.
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El plan envía un mensaje claro de que la inmigración de una fuente de crecimiento y solidez del país, destaca Gelatt.
Pero es poco probable que el Congreso lo apruebe porque el plan no propone concesiones a cambio del sistema de legalización masiva, agrega, y eso podría producir rechazo entre republicanos y escépticos de políticas progresistas de inmigración.
La última vez que el Congreso, entonces de control demócrata, aprobó una reforma migratoria significativa que estableciera un camino a la ciudadanía fue en 1986, bajo el gobierno del republicano Ronald Reagan.
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