El migrante de origen salvadoreño Kilmar Ábrego García, cuya deportación ilegal en marzo a su país natal generó gran polémica en EE.UU., salió de la prisión en la que se encontraba detenido desde hacía dos meses en el estado de Tennessee, informó el viernes su defensa.
"Hoy, Kilmar Ábrego García es libre, dijo el abogado Sean Hecker. Ábrego tiene planeado regresar a su casa en Maryland.
La defensa también ha solicitado al juez federal Waverly Crenshaw que desestime los cargos de tráfico humano presentados en su contra cuando fue devuelto a EE.UU. desde El Salvador, argumentando que los fiscales lo acusaron en represalia por presentar una demanda contra su deportación ilegal.
Ábrego, de 30 años, fue deportado a El Salvador el 15 de marzo a pesar de que un tribunal de inmigración en 2019 dictaminó que no fuera enviado a su país de origen debido al riesgo de violencia que enfrentaba por parte de las pandillas locales.
Su caso adquirió relevancia nacional por la polémica que causó la decisión del gobierno de Trump de enviar sin el debido proceso a más de 200 migrantes, la mayoría de ellos venezolanos, a una prisión de alta seguridad en El Salvador.
Un funcionario federal reconoció después que la deportación de Ábrego fue un error administrativo.
Luego de una batalla política y legal, en junio pasado fue devuelto a EE.UU., pero al llegar a territorio estadounidense fue acusado de transportar migrantes indocumentados en el país.
El juez Crenshaw confirmó el mes pasado la orden otra jueza, Barbara Holmes, de que Ábrego fuera puesto en libertad provisional, al considerar que no representaba un peligro para la comunidad ni existía riesgo de fuga.
Sin embargo, Holmes retrasó un mes su liberación a petición de su defensa, que teme que una vez que sea liberado enfrente una detención por parte de las autoridades migratorias y sea enviado a un tercer país.
La juez de distrito Paula Xinis, quien supervisa la demanda civil de Ábrego contra la legalidad de su deportación, ha ordenado que el gobierno federal avise tres días antes de enviarlo a un tercer país, para darles la oportunidad de impugnar su expulsión.
Funcionarios del gobierno de Trump han dicho que podrían intentar deportarlo a México o Sudán del Sur.
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