El Estado colombiano se sienta en el banquillo de los acusados de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH).
Y lo hace por un caso de violencia sexual durante el conflicto armado, el que sufrió la veterana periodista Jineth Bedoya en el año 2000 y tras el que se ha convertido en una de las voces más destacadas del país contra este tipo de crímenes.
Se trata de un caso inédito, según subraya la prensa colombiana y organizaciones en defensa de los derechos humanos.
Este es el primer caso en la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se centra en un hecho de violencia sexual cometido en Colombia, destaca el director de Human Rights Watch (HRW) para América, José Miguel Vivanco, en declaraciones a BBC Mundo.
El caso de Jineth Bedoya puede sentar un precedente histórico en la defensa de los derechos humanos para un país como Colombia en el que cientos de mujeres han sido víctimas de crímenes de violencia sexual cometidos por actores armados y en el que el sistema de justicia ha sido incapaz de juzgar a los responsables de muchas de estas atrocidades, considera.
Aquí te explicamos las claves del caso.
¿Qué denuncia Bedoya?
El caso se refiere al secuestro, torturas y violación que sufrió Bedoya el 25 de mayo de 2000, cuando se encontraba esperando para entrar a la cárcel Modelo (Bogotá) para una entrevista con un jefe paramilitar, en un intento por aclarar algunas amenazas contra varios periodistas del diario en que trabajaba, El Espectador.
La periodista estaba entonces investigando hechos de violencia, el tráfico de armas, y la compra y venta de secuestrados entre paramilitares, la guerrilla y el narcotráfico con la complicidad de agentes del Estado, explicó Bedoya en su testimonio ante la CorteIDH la semana pasada.
La demanda argumenta que el Estado colombiano tuvo conocimiento de que existía un riesgo real e inminente para la periodista de sufrir un ataque o agresión y no adoptó medidas entendidas como razonables para protegerla.
https://twitter.com/jbedoyalima/status/1371430613002162179 Antes de su secuestro y violación, Bedoya sufrió un atentado junto a su madre en mayo de 1999, y el Estado le ofreció un escolta, que ella rechazó ante la imposibilidad de ejercer su oficio en esas circunstancias, según explicó en la audiencia. Pero cuando las amenazas se incrementaron, la periodista solicitó protección y fue rechazada, considerando que no estaba en riesgo, añadió. La demanda, además, señala que el gobierno no actuó con la debida diligencia en la investigación de su secuestro y violación, que revictimizó a la periodista durante el proceso judicial -tomando hasta en 12 ocasiones su declaración sobre lo ocurrido- y que no se ha investigado a los autores intelectuales de los hechos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) presentó el caso ante la CorteIDH en 2019, considerando que el Estado colombiano no cumplió con las recomendaciones que le hizo para investigar el caso de Bedoya, reparar las consecuencias de la violencia y adoptar medidas para prevenir que se vuelvan a repetir situaciones similares. Condenados La primera condena relacionada con el caso se produjo en 2016, cuando el exparamilitar conocido como El Panadero aceptó los cargos como coautor de los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento y le pidió perdón a Bedoya, recoge El Espectador. Fue sentenciado a 28 años de prisión. A ello se sumaron, en 2019, dos condenas a los paramilitares Alejandro Cárdenas, alias JJ, y Jesús Emiro Pereira, conocido como Huevoepisca, a 30 y 40 años de prisión, respectivamente. Los fallos fueron considerados un avance por organizaciones como la Fundación para la Libertad de Prensa (Flip), que representa a la periodista, si bien no como una superación de la impunidad del caso. De los cerca de 20 implicados en el proceso, solo hay tres personas judicializadas (...). Tres condenas contra autores materiales, justicia parcial. Autores intelectuales, ninguna, manifestó Bedoya ante la CorteIDH. Qué dijo el gobierno El representante de Colombia en el juicio de la CorteIDH, Camilo Gómez, manifestó que el Estado reconoce su responsabilidad por haber recaudado 12 declaraciones de la víctima en el marco del proceso penal, haciéndole pasar por esa dolorosísima situación, y eso no debió haber sucedido. También rechazó absolutamente todo lo que le sucedió a Jineth Bedoya, a quien le reconoció su lucha y trabajo: Ninguna mujer debería sufrir un ataque de este tipo, ningún periodista. Solo puedo tener palabras de rechazo y repudio. No obstante, consideró que existía una opinión formada del caso, acusando a los jueces de la CorteIDH de falta de objetividad. Colombia presentó un escrito de recusación de cuatro de los seis magistrados y retiró la representación estatal, lo que llevó a que se suspendiera la audiencia la semana pasada. La decisión generó duras críticas, entre ellas, las del director de HRW para América, que lo consideró indignante. Si esa es la posición del gobierno colombiano ante Jineth Bedoya, una prestigiosa periodista que ha luchado por obtener justicia durante más de 20 años, ¿qué podemos esperar de las autoridades colombianas ante otras víctimas menos conocidas y visibles?.
